El protocolo antinarco de Kuri: necesario, oportuno, pero insuficiente

La propuesta del gobernador llega en el momento justo. Pero sin dientes legales, corre el riesgo de quedarse en declaración de buenas intenciones

El gobernador Mauricio Kuri lanzó ayer una propuesta que, dicha en voz alta, suena obvia: que ningún candidato a cargo público en Querétaro tenga vínculos con el crimen organizado. La novedad no está en el objetivo — nadie va a ponerse en contra de eso — sino en el mecanismo: un protocolo único antinarcocandidatos que los ocho partidos con registro en el estado deberían adoptar voluntariamente, con filtros que incluyen la declaración “6 de 6”, prueba de polígrafo, revisión patrimonial que contemple criptomonedas y cuentas en el extranjero, constancia de no antecedentes penales y prueba de adicciones. Es la propuesta más ambiciosa en materia de integridad electoral que un gobernador queretano ha hecho en mucho tiempo. Y tiene un problema que Kuri no mencionó en su mensaje de redes sociales: es completamente voluntaria.

El contexto nacional que motivó la propuesta es real y documentado. La elección judicial de 2025 expuso con crudeza que el crimen organizado no solo financia campañas — también postula candidatos. En Sinaloa, las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron vínculos entre el Cártel de Sinaloa y candidatos de varios partidos en 2021. En Morelos, la captura política del municipio de Cuautla mostró cómo un gobierno local puede operar como extensión del crimen sin que los filtros institucionales lo detecten a tiempo. El Senado federal aprobó una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en mayo, y la presidenta Sheinbaum propuso mecanismos similares. Kuri no está inventando el problema — está respondiendo a él con una lógica local que merece tomarse en serio.

Un protocolo antinarco que los partidos pueden ignorar sin consecuencia no es un blindaje. Es una declaración de principios con buena fotografía.

El punto débil de la propuesta es estructural. Los partidos políticos en México tienen autonomía para definir sus procesos internos de selección de candidatos, y ninguna convocatoria de un gobernador — por bien intencionada que sea — puede obligarlos legalmente a adoptar filtros adicionales. Si Morena, MC o cualquier otro partido decide no sumarse al protocolo, no hay sanción. Si un partido firma el protocolo y luego registra un candidato que no cumple con todos los requisitos, tampoco hay consecuencia automática. La frase de Kuri — “quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer” — es políticamente efectiva pero jurídicamente vacía. La pregunta que los partidos deberían responder esta semana es simple: ¿se suman o no? Y la pregunta que los ciudadanos deberían hacerse es igualmente simple: ¿qué pasa si no se suman?

Querétaro presume ser el oasis de paz que otras entidades han dejado de ser. Esa reputación no se mantiene sola — se construye con instituciones fuertes, con candidatos verificados y con procesos electorales que no dejen rendija al dinero sucio. El protocolo de Kuri es un paso en la dirección correcta. Pero un paso sin obligatoriedad, sin mecanismo de verificación independiente con dientes reales y sin consecuencias para quien lo ignore es, en el mejor de los casos, una señal de que el gobernador quiere que el problema no llegue a Querétaro. En el peor, es el inicio de una campaña electoral disfrazada de política pública. La diferencia entre las dos cosas la van a definir los próximos días, cuando los ocho partidos respondan — o no respondan — al llamado.

Sin Concesiones es una columna de opinión semanal de El Progresivo. Las opiniones expresadas son responsabilidad del medio.