20 mil juicios, 208 inscritos y seis que pagaron

Querétaro endurece las reglas para deudores alimentarios. Pero los números revelan que el problema es mucho más grande que el padrón

A partir del 6 de mayo, Querétaro le cerró varias puertas a quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Sin empleo en el gobierno estatal, sin licencia de conducir, sin contratos públicos, sin programas sociales. El gobernador Mauricio Kuri lo resumió con una frase que no dejó lugar a dudas: a los deudores alimentarios en Querétaro se les acabaron las facilidades. La medida es justa, necesaria y llega tarde. Pero hay un número que el gobierno no mencionó con suficiente énfasis en su presentación, y que lo cambia todo: en Querétaro se abren más de 20 mil juicios por pensión alimentaria cada año. Y en el padrón oficial de deudores hay 208 personas.

Esa brecha no es un error administrativo. Es el retrato fiel de un sistema que durante años ha sido incapaz de registrar, perseguir y sancionar a quienes abandonan su responsabilidad económica con sus hijos. De esos 208 inscritos —201 hombres y 7 mujeres— únicamente seis han salido del registro porque cumplieron con el pago. Seis, de miles de casos documentados. La pregunta que el gobierno estatal debería responder no es cuántas restricciones se imponen a partir de hoy, sino por qué el padrón captura una fracción tan ínfima del problema real.

Un padrón que registra 208 deudores en un estado con más de 20 mil juicios anuales no es un instrumento de justicia. Es una lista de los que tuvieron mala suerte de quedar asentados.

Las restricciones anunciadas van en la dirección correcta. Privar a los deudores de acceso al empleo público, contratos y trámites es una forma legítima de presión que ya ha demostrado resultados en otros estados. La reforma a la Ley de los Trabajadores, aprobada en marzo con 24 votos a favor y cero en contra —unanimidad rarísima en cualquier congreso local—, muestra que hay voluntad política real detrás de esta agenda.

Pero la voluntad política sin un padrón robusto es un candado sin cerradura. Si el RNOA no crece, si los tribunales no alimentan el registro de manera sistemática y si no hay coordinación efectiva entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, las restricciones anunciadas solo afectarán a quienes ya estaban atrapados en el sistema. Los miles que evaden sin estar inscritos seguirán haciéndolo sin consecuencia alguna. Querétaro dio un paso. Falta el más difícil: que el padrón refleje la realidad.

Sin Concesiones es una columna de opinión semanal de El Progresivo. Las opiniones expresadas son responsabilidad del medio.