El primer lugar que nadie quiere

Querétaro ocupa el primer lugar nacional en seguridad. Lo hemos dicho en esta columna varias veces, porque los datos lo respaldan y el logro es real.

Esta semana el colectivo Feminismo para Todas dijo otra cosa: Querétaro ocupa el primer lugar nacional en delitos de violencia hacia las mujeres.

Dos primeros lugares. Un solo estado. Y una pregunta que no puede seguir sin respuesta: ¿seguridad para quién?

El lunes 28 de septiembre, más de cien mujeres marcharon por las calles del Centro Histórico de Querétaro. Partieron de la Alameda Hidalgo — la misma Alameda donde hace seis semanas cayó el árbol que mató al conductor de Uber — avanzaron por avenida Zaragoza hasta El Tanque y concluyeron en Plaza Constitución con un pronunciamiento que ningún boletín oficial va a resumir mejor que sus propias palabras:

“El 56.2% de las mujeres en Querétaro hemos vivido violencia sexual. Lo que demuestra que más de la mitad de la población de mujeres hemos vivido una agresión sexual.”

Más de la mitad. En el estado más seguro del país.

Los números detrás de la marcha no son estimaciones de un colectivo — son carpetas de investigación abiertas. De enero a julio de este año se registraron en Querétaro mil 797 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, que generaron mil 655 carpetas de investigación. De esas, 848 corresponden al municipio capital. El resto se distribuye en los 18 municipios del estado, con mayor concentración en Corregidora y San Juan del Río.

Y eso es solo lo que se denuncia.

Cualquier persona que trabaje con víctimas de violencia sexual sabe que la cifra real es un múltiplo de la cifra oficial. Las mujeres no denuncian por miedo a la revictimización — a que el sistema les haga sentir que el crimen fue su culpa. No denuncian porque los procesos son largos, agotadores y muchas veces no llevan a ninguna sanción real. No denuncian porque en muchos casos el agresor es alguien conocido, alguien de la familia, alguien con quien comparten el mismo techo o el mismo trabajo.

El colectivo Feminismo para Todas acompañó este año cuatro casos de niñas de entre 10 y 17 años con embarazos derivados de situaciones de violencia sexual. Cuatro casos que alguien tuvo que escuchar, documentar y acompañar porque el sistema no estaba ahí de manera suficiente.

En la marcha del 28S marcharon artesanas indígenas, sobrevivientes de violencia, madres con sus hijas, mujeres con discapacidad, personal del sector salud. No es una marcha de un sector de la sociedad — es una marcha de la sociedad entera que dice que algo no está funcionando.

Las consignas que recorrieron el Centro Histórico el lunes son las mismas que se escuchan en las marchas del 8 de marzo, del 25 de noviembre, del 28 de septiembre, año tras año: “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!” “¡Ni una más!” “¡Aborto legal, seguro y gratuito!”

Que sean las mismas consignas cada año no es señal de que el movimiento se repite sin avanzar. Es señal de que el problema persiste sin resolverse.

Esta columna no va a zanjar el debate sobre el aborto — es un debate legítimo y complejo que la sociedad queretana tiene derecho a tener. Pero sí quiere nombrar algo que a veces se pierde en ese debate: la violencia sexual no empieza en el embarazo. Empieza mucho antes. Y el acceso a la justicia — a que quien agrede enfrente consecuencias reales, a que quien sobrevive reciba atención sin ser culpabilizada — es un derecho que no debería depender de la posición de nadie sobre ninguna ley.

Querétaro tiene un sistema estatal de justicia cívica que esta semana reportó 7 mil faltas administrativas atendidas en agosto. Tiene protocolos de atención a víctimas. Tiene casas de apoyo. Tiene instancias.

Lo que reportan quienes acompañan a las víctimas es que esas instancias no siempre están accesibles, no siempre responden con la urgencia que el caso requiere, y no siempre evitan que la mujer que llegó a pedir ayuda salga sintiéndose más sola que cuando entró.

Eso no es un ataque al gobierno. Es lo que dicen las mujeres que pasaron por el sistema.

El primer lugar en seguridad de Querétaro se mide, principalmente, por homicidios. Y esa métrica es válida — morir violentamente es la peor cosa que le puede pasar a una persona, y reducir esa cifra importa.

Pero la seguridad no solo se mide en homicidios. Se mide también en si una mujer puede caminar sola de noche sin sentir que está apostando algo. En si una niña de doce años puede ir a la escuela sin que alguien en su entorno sea una amenaza. En si una sobreviviente de violencia sexual puede ir a denunciar y salir del ministerio público sintiéndose escuchada en lugar de juzgada.

Por esas métricas, Querétaro tiene mucho trabajo por delante.

El primer lugar en seguridad es un logro. El primer lugar en violencia contra las mujeres es una urgencia. Y no pueden seguir existiendo como si fueran dos conversaciones separadas.

Querétaro de a Pie es la columna de comunidad y sociedad de El Progresivo. Se publica cada semana. Si tienes una historia que contar, escríbenos.