Nueve años de fiscal en juego
El Congreso de Querétaro tiene sobre la mesa uno de los nombramientos más importantes que hará en esta legislatura: el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que ocupará el cargo durante los próximos nueve años. Nueve años en los que se revisarán no solo los actos del gobierno actual, sino los de quienes gobiernen en 2027 y en 2033. Morena decidió la semana pasada bajarse del proceso. El PAN lo calificó de irresponsabilidad absoluta. Ambos tienen algo de razón, y eso es exactamente el problema.
El argumento de Morena no es caprichoso. La reforma aprobada en agosto de 2024 —en medio de movilizaciones ciudadanas que intentaron frenarla— cambió las reglas del juego de manera significativa: antes, la designación requería el voto de las dos terceras partes del Congreso, lo que obligaba a construir consensos entre todas las fuerzas políticas. Hoy, la terna la envía el gobernador, y si el Congreso no alcanza mayoría calificada en 30 días, el nombramiento recae directamente en el Ejecutivo. Dicho de otra forma: el PAN diseñó un proceso en el que, si la oposición no coopera, el gobernador panista designa al fiscal que investigará al gobierno panista. Eso no es un detalle menor. Es el corazón del problema.
Un fiscal anticorrupción que debe su cargo al gobernador que podría ser investigado no es un fiscal. Es un riesgo institucional.
El PAN, por su parte, tiene razón en que abstenerse no es una postura neutral. Morena representa a una parte importante del electorado queretano y sus diputados tienen la obligación de participar en los procesos legislativos, incluso en los que consideran viciados. Retirarse del tablero no cambia las reglas —el proceso sigue, el gobernador sigue teniendo la sartén por el mango— y le da al PAN la narrativa de la irresponsabilidad sin costarle nada a quienes se van. Si el argumento de Morena es que el proceso es ilegítimo, la respuesta coherente es participar denunciando, no ausentarse aplaudiendo.
Lo que Querétaro necesita no es que un partido gane este round político. Necesita un Fiscal Anticorrupción que no le deba nada a nadie, que llegue al cargo por su trayectoria y no por su conveniencia para quien lo nombró, y que tenga la independencia real para investigar lo que tenga que investigar durante los próximos nueve años. Eso no lo garantiza ni la postura de Morena ni el proceso del PAN. Y mientras los dos partidos debaten quién tiene más razón, el cargo lleva vacante desde el 29 de mayo.
Sin Concesiones es una columna de opinión semanal de El Progresivo. Las opiniones expresadas son responsabilidad del medio.
