Las violencias que Querétaro no sabe contar
Querétaro lleva años presumiendo sus cifras de seguridad. Y con razón: la tasa de homicidios es de las más bajas del país, la percepción de inseguridad está por debajo de la media nacional, y los rankings la colocan sistemáticamente entre las ciudades más seguras de México.
Pero el martes 13 de octubre, en un restaurante del Centro Histórico, un grupo de organizaciones civiles presentó algo que esos rankings no pueden medir: 18 testimonios de personas que vivieron formas de violencia que no existen, oficialmente, en ninguna estadística de Querétaro.
Lo que los números no ven
El “Laboratorio sobre las Otras Violencias de Querétaro”, impulsado por CÍVICA y una red de organizaciones sociales que incluyó al Observatorio Estatal de Derechos Humanos, Bajo Tierra Museo del Agua y Justicia Digna, partió de una pregunta incómoda: ¿qué pasa con la violencia que no sale en los boletines?
La respuesta, después de meses de escucha ciudadana, fue un catálogo de más de diez tipos de violencia que conviven con las cifras oficiales sin aparecer en ellas: violencia vial, ambiental, territorial, estética, digital, estructural, racial, laboral, escolar, familiar, de género. Formas de daño que las leyes vigentes no reconocen, que los indicadores no contabilizan, y que por lo tanto no “existen” para las instituciones encargadas de prevenirlas.
Claudia Romero lo dijo con claridad en la presentación: muchas de estas violencias no están reconocidas en las leyes ni en las cifras oficiales. Y lo que no se nombra, no se atiende.
Los casos que sí tienen nombre
Stefanía Biondi, vocera de CÍVICA, no se quedó en la abstracción. Mencionó casos concretos que, según el laboratorio, no son hechos aislados sino síntomas de estructuras que fallan.
Las agresiones del 8M en el estadio Corregidora, donde mujeres que marchaban fueron reprimidas. El caso del Bar Cantaritos, donde ocurrieron agresiones documentadas. El feminicidio de Perla, que sigue sin justicia. Los ataques a madres buscadoras frente a la Fiscalía. Las amenazas a activistas trans. Las agresiones a mujeres indígenas.
Individualmente, cada uno de esos casos pasó o está pasando por los canales institucionales de manera fragmentada. En conjunto, el laboratorio los lee como evidencia de algo más profundo: la violencia no reside solo en actos individuales. Reside también en estructuras, en diseños urbanos que excluyen, en vacíos normativos que desprotegen, en omisiones institucionales y en estigmas sociales que autorizan el daño.
La ciudad que no previene
El diagnóstico central del laboratorio es que la respuesta institucional ante estas violencias en Querétaro es insuficiente y fragmentada. Y que cuando el Estado no llega, la sociedad civil organizada llena el hueco.
Esa afirmación merece detenerse. Querétaro tiene presupuesto, tiene instituciones, tiene programas. Tiene un DIF que esta semana mismo organizó un congreso metropolitano de familias con 1,500 asistentes. Tiene una Secretaría de Seguridad Ciudadana que produce estadísticas regulares. Tiene un Observatorio de Seguridad que monitorea indicadores.
Y al mismo tiempo, las madres buscadoras tienen que pararse frente a la Fiscalía para ser vistas. Las activistas trans reciben amenazas sin que nadie les garantice protección. El feminicidio de Perla espera justicia. La violencia vial mata sin que exista una fiscalía especializada para investigarla.
No es que las instituciones no existan. Es que no están diseñadas para ver lo que el laboratorio documentó.
Lo que propone quien sí lo ve
Las organizaciones que construyeron este laboratorio no se quedaron en el diagnóstico. Propusieron un modelo de gobernanza concreto, con medidas que vale la pena registrar porque van mucho más allá de un comunicado:
Presupuestos participativos y observatorios ciudadanos de violencias urbanas. Reconocer el derecho a la ciudad en la Constitución estatal de Querétaro. Un sistema integral de cuidados y una política transversal de salud mental. Frenar la gentrificación. Una fiscalía especializada en delitos viales. Un Sistema Estatal de Diagnóstico Territorial de la Violencia de Género. Una Ley Queretana de Inclusión y no Discriminación Laboral.
Son propuestas que vienen de meses de trabajo colectivo con testimonios reales. No de un think tank ni de una consultora. De la gente que vive estas violencias y de las organizaciones que las acompañan.
Ahora la pregunta es si alguien con poder de implementarlas las va a leer.
La ciudad segura para quién
Querétaro es segura. Los datos lo respaldan. Pero la seguridad que miden los rankings es la seguridad del homicidio, del robo con violencia, de los delitos de alto impacto que aparecen en las carpetas de investigación.
No miden si una mujer puede caminar sola de noche sin ser acosada. No miden si una persona indígena puede exigir sus derechos sin ser discriminada por el idioma en que los exige — como documentamos en esta columna con el caso de Esteban Mondragón en Santiago Mexquititlán. No miden si un activista puede hacer su trabajo sin recibir amenazas. No miden si la Fiscalía investiga con la misma diligencia todos los casos, o solo los que generan presión pública.
Esas cosas no aparecen en el ranking. Pero le pasan a personas reales, en una ciudad real, que se llama Querétaro y que esta semana tuvo, por primera vez, un laboratorio ciudadano que intentó contarlas.
Contarlas es el primer paso para que existan.
Querétaro de a Pie es la columna de comunidad y sociedad de El Progresivo. Se publica cada semana. Si tienes una historia que contar, escríbenos.
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